Guadalupe Mendoza, 30 de octubre de 2022.
El contexto en el que trabajan líderes sociales, defensoras y defensores de derechos, organizaciones de sociedad civil, movimientos, redes y colectivas en Centroamérica y México está marcado por el cierre del espacio cívico.
¿Cómo se ve este cierre en la práctica?
Hace unos días, un colega que trabaja en una organización de alcance regional nos compartía que organizaciones con quienes tuvo la oportunidad de trabajar el año pasado (2021), ya no existen. Estas organizaciones cerraron sus puertas ante el embate de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro en Nicaragua.
La primera ha asfixiado las finanzas de las organizaciones a través de fuertes limitantes para recibir financiamiento internacional. La segunda ha recrudecido las exigencias administrativas de registro, supervisión, control y divulgación de información personal de sus liderazgos. Esto ha favorecido la criminalización y persecución de activistas.
Expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron en julio de este año los abusos que experimentan organizaciones y activistas. Reportan el cierre de más de 700 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, 487 de ellas solo en el mes de junio de 2022. Nuevas disposiciones legales en Guatemala y El Salvador dificultan la operación de las organizaciones, han estigmatizado a defensoras y defensores y abierto la puerta para la persecución y la violencia hacia ellas y ellos.
¿Qué está pasando en México?
En México, por iniciativa presidencial desde el 2019, se canceló el Programa de Coinversión Social que brindaba recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, a través las misceláneas fiscales de 2021 y 2022 se aprobaron restricciones a las diferentes formas de financiamiento que tienen las organizaciones y límites a las deducciones personales desincentivando la donación. Además, hay una continua descalificación y estigmatización hacia periodistas, y defensoras y defensores de derechos humanos. Ellos han manifestado preocupaciones por:
- La falta de transparencia
- El aumento de la violencia, incluyendo la de género
- La impunidad
- El deterioro ambiental
- La creciente militarización del país, entre otros retrocesos
Las y los exiliados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala se cuentan por decenas. Además de las dificultades que imponen las disposiciones legales, la debilidad del estado de derecho, la impunidad y la presencia del crimen organizado agudizan los riesgos para la acción ciudadana en la región. Un botón de muestra: hasta el 13 de octubre de 2022, solo en México, se han registrado 11 feminicidios de defensoras y periodistas, de acuerdo a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En la primera mitad de octubre, el 2022 es ya el segundo año con mayor cantidad de muertes de este tipo.
Nuestro objetivo
Nuestro trabajo en Colectivo Meta tiene el objetivo de acompañar a organizaciones muy diversas en procesos que fortalezcan sus capacidades para lograr que su trabajo tenga impacto. En 2022, gracias a nuestra participación en la Iniciativa ECOS, hemos conocido de forma cercana y tangible cómo viven el cierre del espacio cívico tanto líderes sociales, como defensoras y defensores de derechos, así como las organizaciones a las que pertenecen.
El contexto actual se suma a los retos que ya de por sí tienen las organizaciones, redes y movimientos de sociedad civil. Uno de estos retos persistentes es la falta de recursos flexibles y suficientes para sostener su operación en tiempos de crisis. Es decir, no se puede resolver la carencia de infraestructura de seguridad y cuidado para proteger a quienes protegen nuestros derechos. No hay espacios para la reflexión estratégica interna y colectiva, aumenta la precariedad de sus estructuras operativas, el acceso a tecnología segura, entre otras.
El reto para donantes y financiadoras
Aunque la comunidad de donantes y financiadoras en toda su diversidad conoce la situación, ha manifestado públicamente su preocupación por las amenazas que enfrentan las organizaciones. En muchas instancias han logrado mantener estrategias que les permitan continuar financiando organizaciones en la región, éstas están obligadas a gestionar riesgos y amenazas reales con muchas limitantes ya que su financiamiento es, en su mayoría, solo para proyectos etiquetados hasta el último centavo en actividades concretas que no incluyen “overhead”.
Es decir, que no brindan a las organizaciones financiamiento para invertir en su capacidad operativa de administración, cumplimiento legal y fiscal, y seguridad. Los tres frentes de vulnerabilidad por donde son perseguidas, atacadas y cerradas.
Los retos actuales para la sociedad civil
Ante un panorama tan complejo, es indispensable la reflexión de las y los donantes, y agencias de cooperación que han apoyado durante décadas a organizaciones y movimientos de la región. El centro de esta reflexión debe ser el reconocimiento de que las prioridades de las organizaciones están trastocadas.
Cientos de ellas están enfocadas en acciones de supervivencia tanto de las y los activistas que las conforman, como del mantenimiento de la personería jurídica de las mismas entidades. La precariedad operativa las hace MUY vulnerables. Necesitan recursos para fortalecer sus capacidades para cumplir con regulaciones cada vez más complejas y demandantes, personal técnico especializado y con experiencia para hacerles frente, pero también para la defensa jurídica de su personal.
Son necesarios recursos para proteger la seguridad física -incluyendo protocolos de exilio- y cibernética tanto de personas que son líderes visibles, como de información, procesos, cadenas de custodia de evidencia, documentos, etc. La capacidad de las organizaciones para dar resultados programáticos está directamente vinculada a la disponibilidad de recursos que les permitan fortalecerse para sortear los obstáculos presentes y futuros que hay y que no dejarán de surgir en su camino.
